La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, parlamentaria de Renovación Popular, presentó el pasado 15 de abril un proyecto de ley que busca que los padres de familia tengan la potestad de decidir sobre la educación sexual de sus hijos.

El texto propuesto sugiere una modificación al artículo 5 de la Ley General de Educación (Ley 28044), especificando que los padres puedan elegir el tipo de educación según sus convicciones morales y religiosas.

Este proyecto ha obtenido el respaldo de otros 13 parlamentarios de distintas bancadas, entre ellos destacan nombres como Jorge Montoya Manrique, José Cueto Aservi, Gladys Echaíz de Núñez y Rosio Torres Salinas.

La propuesta ha generado un debate sobre el papel del Estado en la educación sexual de los menores y los derechos de los padres en la educación de sus hijos.

Por otro lado, al ser Milagros Jáuregui pastora evangélica, se le ha cuestionado este proyecto de ley alegando que, aunque su objetivo es “reconocer el derecho” de los padres de familia a elegir la educación sexual que reciban sus hijos, en realidad está motivado únicamente por las "ideas religiosas" de la fe que profesa.

La parlamentaria ha respondido que el proyecto de ley sobre educación sexual en colegios responde “al sentido común como madre”. Aseguró que está de acuerdo con que se enseñe educación sexual, pero de una forma correcta ya que es un tema extremadamente sensible y considera que puede “abrir una puerta muy peligrosa para los niños”.

“Los chicos tienen que estudiar y prepararse sexualmente, pero se podría hacer en medio de un seminario. Estar tocando el tema sexual con personas que quizás no tienen valores como lo tienen los padres es poner en peligro a los hijos” continuó explicando en sus declaraciones.

Diversas organizaciones y políticos se han manifestado contrarias a la iniciativa legislativa que defiende el derecho de los padres de familia a elegir la educación sexual que reciban sus hijos, porque consideran que “podría limitar el acceso de los menores a una educación sexual integral”, entendiendo que el Estado es quien decide qué educación sexual reciben los niños, estén o no de acuerdo con los valores de sus padres.

Una postura de estos opositores al proyecto de Ley que coloca lo que llaman "derechos del menor" en la educación sexual (basándose en la visión del Estado) por encima del derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos en los valores que crean convenientes.